“Vivir con miedo me tiene vivo”

Enrique Cabezas, campesino afrodescendiente colombiano que se encuentra refugiado en España desde hace seis meses, visita Extremadura para dar a conocer su calvario por defender sus tierras.

Acompañado por Amnistía Internacional Extremadura y por Yomaira Mendoza, también campesina refugiada, se reúne con personal del Gobierno de Extremadura y diputados del PSOE e IU con el fin de “tomar alguna acción” contra los desplazamientos forzados que asolan el país latinoamericano.

Silvia Arjona Martín/ AECOS*

Enrique Cabezas, campesino afrodescendiente colombiano, en el centro de Madrid./ Silvia Arjona.
Enrique Cabezas en el centro de Madrid./ Silvia Arjona.

“Quizás la gente no se dé cuenta pero el plátano que se desayuna, o la piña que se cena en una pizza, o el colgante de oro que se luce en el cuello, o el reloj que se lleva en la muñeca están manchados de sangre debido a la explotación y a las masacres que hacen empresas -muchas españolas- en mi país, Colombia”.

Este mensaje bien podría ser el de una campaña de comunicación de cualquier ONG pero esta vez es el de Enrique Cabezas, un campesino colombiano que ha visitado Extremadura, junto al grupo regional de Amnistía Internacional, para dar a conocer su trágica historia de amenazas de muerte, desplazamientos forzados y exilio tan sólo por reclamar la tierra que le quitaron.

Su calvario comenzó en 1997 cuando Cabezas y su familia tuvieron que marcharse obligados por paramilitares y la Fuerza Pública de la cuenca del río Curvaradó, donde vivían y trabajaban como campesinos, a la zona del Pacífico. Desde entonces vive en contante amenaza de muerte por reclamar justicia para las 10.000 familias de 23 comunidades pequeñas de la región de Urabá, en el Chocó colombiano, a quien representa como líder comunitario.

En esta zona hay megaproyectos empresariales de todo tipo como monocultivo de palma aceitera para biodiesel, monocultivo de yuca para agrocombustible, ganadería extensiva,  proyectos de minería a gran escala o de grandes infraestructuras debido a la situación geoestratégica de la zona por estar al lado de Panamá y tener salidas al Pacífico. Todo ello “ha generado en la región 107 asesinatos en diversas masacres, una gran cantidad de personas desaparecidas que aún no se han encontrado, el 75% de las 10.000 familias ha sido desplazada y las que aún se mantienen dentro de Urabá viven bajo amenazas y vigiladas constantemente”, enumera Enrique a modo de pinceladas ante tantas consecuencias.

Y es que la tierra en Colombia forma parte de un juego sucio donde los intereses son tantos que es difícil poner orden en este entramado político-económico-empresarial establecido. A parte de las multinacionales como Endesa, Repsol, Puerto de Barcelona (las tres españolas), Coca-Cola (EE.UU), Pacific Rubiales (Canadá) o Urapalma (Colombia), entre muchas otras, hay políticos, militares, paramilitares, policías, jueces y fiscales que participan de la extorsión, de las amenazas y de los asesinatos en Colombia. Todos quieren ganar y las armas o la tortura son las herramientas que marcan el poder, la fuerza y el control por unos recursos que prometen mucho dinero.

Yomaira Mendoza vio cómo asesinaban a su marido mientras ella y sus hijos estaban delante. Su único delito: ser campesino y reclamar los campos que le quitaron. Por eso “le picaron en pedazos”, narra Enrique mientras el café que tomamos tras su visita a Mérida (Badajoz) se va amargando según avanza en su relato. Las risas de la mesa de al lado, ocupada por seis jóvenes, son totalmente ajenas al pasado de Enrique y Yomaira, generando contracciones por los mundos tan diversos que conviven en uno mismo.

Desde entonces, esta campesina afrodescendiente es víctima de amenazas constantes y su vida también corre peligro. Su hijo de 15 años sufrió en 2014 un intento de secuestro y actualmente su madre se encuentra en el hospital tras sufrir un atropello que Cabezas no duda en relacionarlo con las presiones que está recibiendo la familia para vender sus tierras. Esto mantiene a Yomaira muy preocupada -lo que ha provocado que sea hospitalizada en varias ocasiones por parálisis nerviosa- mientras viaja de ciudad en ciudad contando su caso a la sociedad española para dar a conocer lo que se sigue viviendo en su país, a pesar de estar en proceso de negociación de paz tras 60 años de conflicto armado.

Estos días, tocaba Extremadura donde se han reunido con el Secretario Técnico de Coordinación con los Ayuntamientos del Gobierno de Extremadura, Alfonso Santos Baños, y con diputados regionales como Guillermo Fernández Vara (PSOE) y Víctor Cascos (IU), así como con el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Giorgo Cerina. El propósito ha sido incidir políticamente en la importancia de protegerles y proponer soluciones para el campesinado colombiano.

Según el coordinador de AI Extremadura, Alejandro Corchado, “esta visita ha conseguido que nuestros representantes políticos conozcan en persona a víctimas del conflicto armado colombiano que han tenido que solicitar refugio en España” debido a las constantes amenazas de muerte por reclamar justicia. Y, aunque sin saber qué medidas exactas van a tomar los grupos parlamentarios debido a que ya han terminado las sesiones plenarias de esta legislatura, desde AI Extremadura se espera que de igual modo “se cumplan pronto”.

Una paz con más impunidad

Para Enrique, el proceso de paz establecido entre el Gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se está negociando actualmente en La Habana significa “más impunidad porque lo que pretenden es que los empresarios, militares y políticos no paguen por los graves hechos a las comunidades”. Para él la solución vendría de una verdadera redistribución de la tierra donde el campesinado pudiera trabajarla como ha hecho siempre, “no regalarla o venderla para mega inversiones que sólo generan explotación y violencia”.

Muestra esperanzas en la comunidad internacional y en que las cosas cambien. Confía en que la gente conozca su historia y la de su comunidad con el fin de que se sepa lo que está pasando allí, aunque sabe que es necesaria la voluntad política para que llegue la paz a Colombia.

Un ejemplo cercano de no voluntad que relata Enrique es el anuncio que realizó hace unas semanas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, durante la visita a España del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el que podría instar a la Corte Penal Interamericana a suspender durante 12 meses prorrogables cualquier investigación con la intención de no amenazar al proceso de paz. Esto significa “que no se juzgue a los militares, políticos y multinacionales responsables de los desplazamientos forzosos”, algo que considera “poco prudente por parte del Gobierno de España”.

El pasado 19 de marzo se produjeron las últimas amenazas a una familia campesina en sus propias tierras donde le quemaron la casa y a uno de los miembros le abrieron la cabeza. Las imágenes que me muestra Enrique a través de su teléfono móvil dan miedo. Y desde la distancia se resigna por saber que, por ahora, no puede regresar a Colombia a pesar de querer hacerlo.

Vive con miedo pero con él se siente vivo. “Pensar que cualquiera te puede matar me mantiene alerta y despierto”, explica como si su historia personal de repente se convirtiera en el guión de un videojuego. Pero lo más importante es que tanto Enrique como Yomaira se mantienen con fuerzas para seguir divulgando lo que pasa en Colombia y sensibilizando a la sociedad ajena a este conflicto, tal y como lo han hecho en Extremadura, porque “la lucha por nuestros derechos no está perdida”, aseguran de manera rotunda.

*Fuente: Eldiario.es/Extremadura

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